José Corrochano Ponte
Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración (USC) y Máster en Relaciones Internacionales (CEU-San Pablo). Especializado en defensa y seguridad con experiencia en analista de inteligencia en gabinetes de comunicación, como, por ejemplo, el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Es vocal de Comunicación en EuroDefense Joven España.
El 11 de marzo de hace 22 años se produjeron los atentados yihadistas más grandes en territorio europeo: 10 bombas en 4 trenes en diferentes puntos de Madrid y sus alrededores dejaron 193 muertos y 2000 heridos a 3 días de unas elecciones generales que cambiaron el desarrollo de la historia de España.
Estos horribles hechos fueron realizados por la Brigada de Abu Hafs Al Masri, vinculada a Al Qaeda, como así quedó demostrado en una carta dirigida al diario árabe Al Quds al Arabi, editado en Londres. El motivo de atentar contra nuestro país se debió principalmente a dos factores clave: en el plano general, al ansia que tenían los miembros de esta organización terrorista, de demostrar que, a pesar de la invasión de EEUU a Afganistán tras el 11S, tenía capacidad suficiente para seguir perpetrando atentados en Occidente; y en un ámbito más específico, a la venganza de Amer Azizi, por el desmantelamiento de su célula y la gran labor contraterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las consecuencias del 11M en materia de seguridad nacional fueron numerosas, contribuyó a que España tenga una de las políticas antiterroristas más desarrolladas de todo el mundo, y la consolidación de sistemas de análisis y detección, como el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), que desde 2025, se mantiene en nivel de alerta 4.
Esta catástrofe provocó una gran reacción de la Administración Pública: la elaboración de nuevas estrategias y planes para luchar contra esta lacra. La más destacada es el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de 2005 (y que ha sufrido actualizaciones en los años 2009 y 2015).
Esta nueva hoja de ruta de España se fundamenta en 4 pilares (prevenir, proteger, perseguir y preparación de la respuesta) para reducir al máximo las posibilidades de que se produzcan actuaciones terroristas y mitigar al máximo sus efectos.
Las medidas del Plan estarán principalmente dirigidas a la protección de los siguientes objetivos:
- Infraestructuras críticas; todo tipo de instalaciones, redes y sistemas sobre los que descansa la prestación de servicios (públicos y privados).
- Centros y organismos públicos u oficiales, así como otras entidades especialmente sensibles y de especial interés para la Seguridad Nacional.
- La población española, sus bienes, derechos, convivencia social y aquello que perturbe el orden público.
Dentro de este plan, también destaca como uno de los indicadores principales el Nivel de Alerta Antiterrorista o NAA, dividido en 5 niveles, de menor a mayor riesgo (de que se produzca alguna actuación que siembre el pánico en nuestro país) en el que a cada uno de ellos se le dota de diversas actuaciones específicas adaptadas a su ámbito.
El organismo encargado de decretar su activación es el Ministerio del interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, apoyándose en las conclusiones de los informes de los expertos en la lucha antiterrorista, de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de organismos internacionales.
España ha sido castigada por el terrorismo a gran escala 3 veces en su historia más reciente, pero fue en 2004 cuando comenzó a tomar conciencia de la importancia de la necesidad de estar alerta y preparada para cualquier tipo de incidente que pudiera surgir, consiguiendo que sus FCSE sean (también gracias a la preparación de años de lucha contra la banda terrorista ETA) una de las más preparadas del mundo en esta materia, aunque todavía queda margen de mejor como señala nuestra posición (61) en el ranking del Índice Global contra el Terrorismo 2025.
