Archivo: marzo 12, 2026

De la tecnología a la estrategia: la gobernanza en ciberseguridad, nueva prioridad estratégica de Europa

Álvaro Solás Lara

Álvaro Solás Lara

CEO y Consultor en Ciberseguridad de Miólnir Cybersec

De la seguridad técnica a la gobernanza estratégica

Durante muchos años la ciberseguridad se ha abordado principalmente como un problema técnico. La protección de los sistemas informáticos se asociaba a herramientas concretas como firewalls, antivirus o sistemas de detección de intrusiones. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los ciberataques, la digitalización de los procesos empresariales y la dependencia cada vez mayor de las infraestructuras digitales han provocado un cambio de paradigma.

Hoy la ciberseguridad se entiende como una cuestión estratégica y de gobernanza organizativa. No se trata únicamente de proteger sistemas informáticos, sino de establecer estructuras de gestión, políticas y responsabilidades claras que permitan gestionar el riesgo digital de forma integral.

En este contexto, Europa está reforzando su enfoque regulatorio con el objetivo de elevar el nivel de seguridad de las organizaciones públicas y privadas. Dos marcos destacan especialmente en este proceso: el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en España y la Directiva NIS2 a nivel de la Unión Europea.

La gobernanza en ciberseguridad: qué significa realmente

La gobernanza en ciberseguridad hace referencia al conjunto de políticas, procesos, roles y mecanismos de control que permiten a una organización dirigir, supervisar y mejorar su estrategia de seguridad digital.

Este enfoque implica integrar la seguridad dentro de la estructura organizativa y de la toma de decisiones estratégicas. No se trata únicamente de una responsabilidad del departamento de IT, sino de una cuestión que involucra a la dirección, a los responsables de negocio y a toda la organización.

Entre los elementos clave de la gobernanza en ciberseguridad se encuentran:

  • La definición de responsabilidades claras en materia de seguridad.
  • La integración de la ciberseguridad dentro de la estrategia empresarial.
  • La gestión continua de riesgos tecnológicos.
  • La supervisión por parte de la alta dirección.
  • El cumplimiento de normativas y estándares de seguridad.

En otras palabras, la gobernanza transforma la ciberseguridad en un proceso estructurado y alineado con los objetivos de la organización.

Beneficios de una buena gobernanza en ciberseguridad

Las organizaciones que adoptan un modelo sólido de gobernanza en ciberseguridad obtienen beneficios que van mucho más allá del cumplimiento normativo.

En primer lugar, permite mejorar la gestión del riesgo. Un modelo de gobernanza bien definido facilita la identificación, evaluación y mitigación de amenazas digitales de manera estructurada y continua.

En segundo lugar, fortalece la resiliencia frente a ciberataques. Las organizaciones con políticas claras y procesos definidos pueden detectar incidentes con mayor rapidez, responder de forma coordinada y recuperar sus operaciones con menor impacto.

Otro beneficio importante es la confianza de clientes, socios y usuarios. En un entorno digital donde los incidentes de seguridad son cada vez más frecuentes, demostrar un compromiso sólido con la ciberseguridad se convierte en un elemento clave de reputación y credibilidad.

Además, una buena gobernanza facilita el cumplimiento regulatorio, algo especialmente relevante en un contexto donde las exigencias normativas en materia de seguridad están aumentando de forma significativa.

Por último, permite que la ciberseguridad deje de ser percibida únicamente como un coste tecnológico y pase a convertirse en un elemento estratégico para el negocio.

El papel del Esquema Nacional de Seguridad en España

En España, uno de los marcos más relevantes en materia de gobernanza de seguridad es el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado inicialmente en 2010 y actualizado en varias ocasiones para adaptarse a la evolución del entorno digital y de las amenazas.

El ENS establece los principios básicos y los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las administraciones públicas y las entidades privadas que prestan servicios o gestionan información para el sector público.

Entre sus objetivos principales destacan:

  • Garantizar la protección de la información y los servicios públicos.
  • Establecer medidas organizativas, operativas y técnicas de seguridad.
  • Introducir un modelo de gestión del riesgo basado en diferentes niveles de seguridad.

El ENS no solo define controles técnicos, sino que también impulsa un enfoque de gestión que promueve la responsabilidad organizativa y la mejora continua en materia de seguridad. Gracias a este marco, se ha conseguido estandarizar prácticas de ciberseguridad en gran parte del sector público español.

NIS2: el impulso europeo a la ciberseguridad

A nivel europeo, la Directiva NIS2 representa un paso decisivo hacia un modelo de gobernanza más robusto en materia de ciberseguridad.

Esta normativa amplía el alcance de la anterior Directiva NIS e incluye a un mayor número de sectores considerados esenciales o importantes para el funcionamiento de la economía y la sociedad. Entre ellos se encuentran sectores como la energía, el transporte, la sanidad, las infraestructuras digitales, los servicios financieros o el sector alimentario.

Entre las principales novedades que introduce la NIS2 destacan:

  • La responsabilidad directa de la alta dirección en materia de ciberseguridad.
  • Requisitos más estrictos de gestión del riesgo.
  • Obligaciones claras de notificación de incidentes.
  • Sanciones significativas en caso de incumplimiento.

La NIS2 refleja una idea fundamental: la ciberseguridad ya no es únicamente un asunto técnico, sino un elemento crítico para la resiliencia económica y social de Europa.

Europa refuerza su seguridad digital

El fortalecimiento del ENS en España y la implementación de la Directiva NIS2 son ejemplos de una tendencia más amplia. Europa está apostando por un marco regulatorio más sólido para proteger su ecosistema digital frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Este cambio responde a varios factores, entre ellos el aumento de los ciberataques contra infraestructuras críticas, las tensiones geopolíticas en el ámbito digital y la creciente dependencia de servicios tecnológicos en todos los sectores.

En este nuevo escenario, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto de seguridad económica, institucional y social.

El camino hacia una ciberseguridad estratégica

La gobernanza en ciberseguridad se está consolidando como un elemento fundamental para las organizaciones en la era digital. La protección de los sistemas ya no depende únicamente de herramientas tecnológicas, sino de estructuras organizativas, procesos de gestión del riesgo y una implicación real de la dirección.

Marcos como el Esquema Nacional de Seguridad en España y la Directiva NIS2 en Europa demuestran que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica a nivel institucional.

Para las organizaciones, el desafío ya no es solo cumplir con las nuevas normativas, sino integrar la ciberseguridad como parte esencial de su modelo de gobernanza y de su estrategia de resiliencia digital.

OTAN: respuesta militar si, pero… ¿política?

Guillermo Hergueta Sálomon

Guillermo Hergueta Sálomon

Estudiante del Grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Nebrija.
Especialización en seguridad y defensa con énfasis en Unión Europea y Oriente Medio.

Desde el final de la Guerra Fría la OTAN pasó de ser una organización determinante de la seguridad colectiva, a ser un brazo ejecutor. A modo de ejemplo resaltan los bombardeos a Belgrado en la guerra en Bosnia o la intervención en la Libia de Gadafi en 2011.  Bien es cierto, que también se ha desplegado misiones internacionales para contribuir a la estabilidad como por ejemplo “Inherent Resolve – NATO Mission-Irak”.

Sin embargo, el 24 de febrero de 2022, trajo al mundo al pasado, y la OTAN no fue la excepción.  Volvió a Europa una guerra tras treinta años de paz relativa. El intento de invasión de Rusia a Ucrania remató la estabilidad que poco a poco se iba difuminando, empezando por la crisis del 2008, los populismos, las Primaveras Árabes y la anexión de Crimea por parte de Rusia. 

Sin embargo, ante esta inestabilidad creciente, la OTAN empezó a tomar medidas con el incremento del presupuesto en defensa al 2 % del PIB por Estado miembro en la Cumbre de Gales, celebrada en 2014. Sin embargo, ese porcentaje, tras el comienzo de la guerra en Ucrania pasó a ser una cantidad irrisoria y la meta se convirtió en el 5%.  Si para algunos aliados, ya era un sacrificio llegar al 2%, el 5% se convirtió en una odisea. 

También la guerra en la frontera del flanco este europeo de la OTAN devolvió su razón de ser instaurando grupos de combate en los países fronterizos con Rusia. Posteriormente vino el ingreso de Finlandia y Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

La determinación y disuasión militar de la OTAN la acompañan, lo que no queda tan claro, es su capacidad política. La OTAN considera a Rusia como su principal amenaza en Europa, pero su tamaño y la posición política y geográfica de sus Estados, provocan fricciones que en estos tiempos aventajan a Rusia políticamente.

 Putin no quiere una guerra contra la OTAN. Su objetivo es Ucrania, pero estas fricciones pueden ser un revulsivo para legitimar a nivel interno la guerra en curso, ya que el supuesto enemigo de Rusia que es la OTAN se debilita y refuerza la narrativa del Kremlin. 

La primera disputa política interna fue el gasto en defensa, posteriormente la política exterior de algunos países de la OTAN, que no ven a Rusia como su principal enemigo. Turquía regañada por Estados Unidos compró a Rusia el sistema de misiles S-400, así como el veto inicial para la adhesión de Finlandia y Suecia por motivos de política interna.

El tercer elemento, es la percepción de la amenaza. Es evidente que, para el sur de Europa, salvo Francia que es una potencia militar en la OTAN, Rusia no es tan peligrosa como puede serlo para los países del Este en caso de guerra. El último elemento que entra en discordia que hace balancear a la OTAN, es la vuelta de Trump a la Casa Blanca. 

La administración Trump, ya ha dejado claro a los aliados europeos, que en caso de no contribuir con un 5% del PIB del gasto en defensa, EE. UU. no va a garantizar la seguridad en Europa como antes. Además de este choque político, la tensión por Groenlandia ha estado a punto de provocar un choque de trenes.

A nivel militar, la OTAN ha sido capaz de responder a la guerra híbrida de Rusia sin escalar. Con los avistamientos y entrada de drones a países del Este, dichos drones han sido derribados a modo de ejemplo de respuesta.

En definitiva, La OTAN es una organización político – militar, pero está fallando en la parte política, es decir, la cohesión interna A pesar de su determinación operativa, una falta de credibilidad política, sumando el rechazo tradicional de algunos sectores de la sociedad, ha generado un caldo de cultivo que erosiona a las sociedades democráticas y alimenta a regímenes y opciones políticas autoritarias.  La fuerza es la garantía, pero la política lo es todo.

22 AÑOS DESPUÉS DEL 11M

José Corrochano Ponte

José Corrochano Ponte

Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración (USC) y Máster en Relaciones Internacionales (CEU-San Pablo). Especializado en defensa y seguridad con experiencia en analista de inteligencia en gabinetes de comunicación, como, por ejemplo, el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Es vocal de Comunicación en EuroDefense Joven España.

El 11 de marzo de hace 22 años se produjeron los atentados yihadistas más grandes en territorio europeo: 10 bombas en 4 trenes en diferentes puntos de Madrid y sus alrededores dejaron 193 muertos y 2000 heridos a 3 días de unas elecciones generales que cambiaron el desarrollo de la historia de España.

Estos horribles hechos fueron realizados por la Brigada de Abu Hafs Al Masri, vinculada a Al Qaeda, como así quedó demostrado en una carta dirigida al diario árabe Al Quds al Arabi, editado en Londres. El motivo de atentar contra nuestro país se debió principalmente a dos factores clave: en el plano general, al ansia que tenían los miembros de esta organización terrorista, de demostrar que, a pesar de la invasión de EEUU a Afganistán tras el 11S, tenía capacidad suficiente para seguir perpetrando atentados en Occidente; y en un ámbito más específico, a la venganza de Amer Azizi, por el desmantelamiento de su célula y la gran labor contraterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las consecuencias del 11M en materia de seguridad nacional fueron numerosas, contribuyó a que España tenga una de las políticas antiterroristas más desarrolladas de todo el mundo, y la consolidación de sistemas de análisis y detección, como el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), que desde 2025, se mantiene en nivel de alerta 4.

Esta catástrofe provocó una gran reacción de la Administración Pública: la elaboración de nuevas estrategias y planes para luchar contra esta lacra. La más destacada es el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de 2005 (y que ha sufrido actualizaciones en los años 2009 y 2015). 

Esta nueva hoja de ruta de España se fundamenta en 4 pilares (prevenir, proteger, perseguir y preparación de la respuesta) para reducir al máximo las posibilidades de que se produzcan actuaciones terroristas y mitigar al máximo sus efectos

 

Las medidas del Plan estarán principalmente dirigidas a la protección de los siguientes objetivos:

  • Infraestructuras críticas; todo tipo de instalaciones, redes y sistemas sobre los que descansa la prestación de servicios (públicos y privados). 
  • Centros y organismos públicos u oficiales, así como otras entidades especialmente sensibles y de especial interés para la Seguridad Nacional.
  • La población española, sus bienes, derechos, convivencia social y aquello que perturbe el orden público.
Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA). Ministerio del Interior.

Dentro de este plan, también destaca como uno de los indicadores principales el Nivel de Alerta Antiterrorista o NAA, dividido en 5 niveles, de menor a mayor riesgo (de que se produzca alguna actuación que siembre el pánico en nuestro país) en el que a cada uno de ellos se le dota de diversas actuaciones específicas adaptadas a su ámbito.

El organismo encargado de decretar su activación es el Ministerio del interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, apoyándose en las conclusiones de los informes de los expertos en la lucha antiterrorista, de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de organismos internacionales.

 

España ha sido castigada por el terrorismo a gran escala 3 veces en su historia más reciente, pero fue en 2004 cuando comenzó a tomar conciencia de la importancia de la necesidad de estar alerta y preparada para cualquier tipo de incidente que pudiera surgir, consiguiendo que sus FCSE sean (también gracias a la preparación de años de lucha contra la banda terrorista ETA) una de las más preparadas del mundo en esta materia, aunque todavía queda margen de mejor como señala nuestra posición (61) en el ranking del Índice Global contra el Terrorismo 2025.

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