Archivo: abril 13, 2025

La seguridad internacional es un tema multifacético. Actualmente, enfrentamos diversos desafíos para los cuales aún no se han encontrado contramedidas eficaces. Esto se debe, en gran medida, a ciertas prácticas cuestionables que siguen siendo toleradas dentro del sistema internacional. En este caso, estamos hablando de la cooperación entre autocracias para el lavado de dinero a nivel global. En la actualidad, diversas autocracias en el mundo logran evadir los controles internacionales, los cuales son débiles o, en algunos casos, inexistentes. Esta falta de regulación permite que tales prácticas prosperen con la aprobación tácita de la comunidad internacional. La permisividad resultante exige la implementación de contramedidas efectivas, ya que estas prácticas a menudo facilitan la continuidad de grupos terroristas, cárteles de drogas o bandas de crimen organizado.

La realidad es que las autocracias sienten que pueden operar con impunidad. Las prácticas en las que se involucran suelen incluir la creación de entidades subsidiarias en terceros países. Esto se puede observar en varios ejemplos prácticos. Por un lado, Venezuela ha desarrollado en el Caribe una red de empresas subsidiarias de su principal compañía petrolera, PDVSA, con las que ha influido en la elección de líderes políticos y, en consecuencia, en las decisiones que han tomado mientras estaban en el poder, principalmente mediante el lavado de dinero. Por otro lado, el caso de Irán y la proliferación de grupos proxy en la región de MENA resulta especialmente preocupante.

La percepción común suele centrarse en Medio Oriente o Asia Central, donde el chiismo tiene raíces más profundas. Sin embargo, su alcance no se limita a estas regiones. Las redes del régimen de los ayatolás se extienden hasta África Occidental, por ejemplo, intentando expandir su influencia a través de partidos políticos en Marruecos o financiando dictaduras como la que existió en Gambia con Yahya Jammeh. Este tipo de estrategia genera una tendencia clara: ejercer influencia en terceros países y así interferir en sus agendas políticas. Estas actividades son recurrentes y muy preocupantes, ya que, a pesar de ser conocidas, no se han establecido medidas efectivas para combatirlas. A menudo, cuando los responsables son capturados, más allá del revuelo mediático durante unos días, terminan siendo enviados de regreso a los países de origen para los cuales estaban trabajando.

Autocracias como Rusia, Venezuela, Corea del Norte e Irán operan con comodidad dentro de un sistema que tolera sus prácticas. Estos regímenes han estado a gusto con el statu quo internacional desde la Guerra Fría. El sistema internacional les permite perpetuar conflictos asimétricos al asegurar la financiación necesaria. Más aún, el orden internacional no solo facilita el ocultamiento de sus reservas, sino que también permite el financiamiento de grupos proxy. El caso más evidente es el de la República Islámica de Irán, que proporciona recursos significativos a milicias en todo Medio Oriente. Esta práctica permite la interferencia en democracias tanto frágiles como bien establecidas, donde a veces es difícil identificar la solvencia económica.

Para las autocracias, disponer de estructuras de lavado de dinero les otorga cierto control sobre la dinámica internacional, además de facilitar el acceso a información privilegiada en momentos clave (no hay que olvidar que obtener estos datos es sumamente difícil, ya que los paraísos fiscales suelen ser sinónimos de discreción, aunque no siempre). De este modo, las autocracias se ven “beneficiadas” por este sistema, pese al ocasional control occidental.

Además, el sistema internacional también permite a las autocracias perpetuar guerras híbridas al garantizar su supervivencia a través de la fortaleza económica. Así, el factor geopolítico se consolida dentro de esta dinámica. Asimismo, no debemos olvidar quién dirige estas redes dentro de las autocracias: los servicios de inteligencia. Aprovechando metodologías estrechamente ligadas a la inteligencia económica y competitiva, estos servicios crean las infames redes que son semillas de grandes desestabilizaciones a nivel mundial. Dicho esto, es fundamental no olvidar lo siguiente: la premisa en la que operan las autocracias. Estas se basan en el principio geopolítico de que, cuanto más lejos se generen los problemas, más lejos se desarrollarán los conflictos de sus propias fronteras. A partir de aquí, comenzamos a entender cómo y por qué actúan, e incluso podemos comprender la metodología que emplean.

Uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial por estos servicios de inteligencia es el sistema Hawala. Cabe destacar que este mecanismo está estrechamente vinculado a grupos terroristas e incluso a cárteles del narcotráfico. No obstante, muchos de estos grupos fueron ocasionalmente entrenados por terceros. Incluso algunas organizaciones terroristas cuentan en sus filas (particularmente en sus estructuras de mando) con exmiembros de servicios de inteligencia; tal es el caso de Daesh, que incluye oficiales militares iraquíes de alto rango.

Lo significativo de metodologías como la Hawala es que permiten la transferencia de fondos sin que el dinero viaje físicamente, lo que dificulta notablemente su rastreo. Sin embargo, las guerras híbridas también tienen prácticas mucho más “legales”, a veces involucrando la creación de empresas en terceros países para ejercer un control directo sobre ellas. Este panorama debería impulsarnos a reflexionar sobre el tipo de control que queremos tener y sobre las necesidades reales que están sobre la mesa, pero que no están siendo abordadas. Un caso relevante en este sentido es el de la contrainteligencia.

Por estas razones, el problema del lavado de dinero representa un problema global significativo que involucra tanto a actores estatales como no estatales. Sin recursos, las autocracias no podrían expandir ni consolidar su poder. Desde la perspectiva de la Unión Europea, la respuesta ante este fenómeno debe ser inequívoca: una lucha cooperativa por parte de los 27 Estados miembros orientada a analizar y desarticular los mecanismos que los regímenes autocráticos emplean para explotar el sistema internacional con fines de lavado de dinero. Esto incluye abordar el uso estratégico del sistema bancario, su cooperación en esquemas de evasión de sanciones, y el papel de empresas con sede en Occidente que facilitan o encubren estas operaciones. Deben establecerse líneas rojas claras para aquellas instituciones y compañías occidentales que estén dispuestas a colaborar con regímenes autoritarios o con sus filiales. En consonancia con este enfoque, resulta imprescindible implementar una metodología que, en el marco de las políticas públicas, contemple también una estrategia multilateral, tanto en el ámbito civil como en el militar.

Francia es un país que requiere uranio para su industria nuclear y su programa armamentístico, aunque evita adquirirlo en el mercado global con el objetivo de preservar su independencia económica y militar. Debido a esto, países como Canadá y Australia eran considerados sujetos poco confiables debido a la influencia ejercida por Estados Unidos. El descubrimiento de uranio en antiguas colonias africanas como Níger y Gabón garantizaba a Francia un suministro seguro y controlado. Medidas como acuerdos técnicos, zonas monetarias exclusivas e incluso intervenciones militares fueron implementadas para proteger este recurso. Esta necesidad estratégica influyó directamente en la forma en que Francia diseñó su política hacia sus antiguas colonias africanas (Pederson, 2000).

Orano, anteriormente llamada Areva, es un gigante multinacional francés especializado en energía nuclear. Este grupo, que cuenta con 17.000 empleados, se define a sí mismo como un “operador internacional reconocido en el campo de los materiales nucleares, que ofrece soluciones para abordar los desafíos globales actuales y futuros en materia de energía y salud” (Orano, 2020). La trayectoria del grupo en Níger, que se extiende por más de 40 años, constituye un eje central para comprender la explotación del uranio y sus consecuencias en el desarrollo de países con reservas de este elemento. Esta multinacional está presente en más de 100 países y es una de las empresas nucleares más grandes del mundo. En 2021, Orano registró ingresos por 4.700 millones de euros y una cartera de pedidos valorada en 25.800 millones de euros. El Estado francés es el principal accionista de la empresa, controlando el 50% de las acciones (45,2% de forma directa y 4,8% a través del Comisariado de Energía Atómica de Francia). Su influencia es clave en las políticas y decisiones estratégicas del grupo.
En 1956, el Comisariado de Energía Atómica francés (CEA), lo que hoy sería Orano, comenzó a explorar Níger en busca de uranio. Al comienzo de las extracciones en los años sesenta, los mineros franceses contaban con medidas de control y seguimiento médico, mientras que sus compañeros africanos, al no ser reconocidos como trabajadores nucleares, carecían de protección, información y atención médica adecuada. Esto provocó que miles de personas enfermasen. Pese a algunos avances en la seguridad laboral, la extracción de uranio en Níger sigue representando un desastre ecológico y sanitario, sofocado bajo los intereses económicos y diplomáticos de Francia.

Para finales de 2016, Orano había extraído cerca de 130.000 toneladas de uranio de las minas desde su apertura, lo que representa el doble de lo que las 237 minas que antes explotaban en territorio francés pudieron proporcionar en unos cincuenta años. Con esto se demuestra la dependencia que sufre Francia del uranio africano. Desde el inicio de la explotación del uranio en Níger, el precio es fijado de manera extraoficial por París, por lo que cualquier medio era válido para perpetuar un régimen subordinado: desde operaciones de contrainteligencia y la manipulación de insurrecciones tuareg hasta la complicidad con líderes golpistas. Sin embargo, es complicado estimar el impacto real de las explotaciones por parte del grupo en la región, ya que no se pueden contabilizar los empleos indirectos. No obstante, estudios indican que el 78% de las compras se realizan de forma local. Además, el ambiente, el suelo y el aire están altamente contaminados, superando los umbrales de aceptabilidad de la OMS, mientras que Orano rechaza estas acusaciones y presenta otro tipo de muestras. Las consecuencias, sin embargo, son evidentes. Para el año 2013 las muertes por enfermedades respiratorias duplicaban la media nacional. Además de estas enfermedades respiratorias, también hay cánceres, problemas de piel, alergias graves, enfermedades infantiles (Desquesnes y Vidal, 2020).

Para comprender el impacto de la extracción de uranio en Níger por parte del sector extractivo francés, es fundamental analizar la asimetría en los acuerdos entre las empresas y los gobiernos de Francia y Níger. No obstante, existe muy poca información disponible sobre este tipo de contratos coloniales y pagos al gobierno. Las empresas extractivas, al igual que los países de origen, suelen mantener estos acuerdos en el ámbito privado. Esto, junto con la falta de explicaciones y detalles, las inconsistencias y la ambigüedad en la interpretación de las disposiciones legislativas, obstaculizan el acceso a la información. Existe una dificultad real para encontrar los documentos proporcionados por las empresas francesas, ya que estas publican datos en formato PDF, dificultando su análisis y aumentando el riesgo de errores. Asimismo, muchos documentos no aparecen si se buscan con palabras como “pagos” o “gobierno”. Aunque cumplen parcialmente con las obligaciones legales, persisten importantes lagunas que dificultan una verdadera transparencia.

El análisis de las primeras declaraciones de pagos a los gobiernos realizadas por Orano permite evaluar el cumplimiento de la ley francesa y detectar posibles deficiencias en su regulación. Y aunque se han registrado avances en materia de transparencia, las declaraciones de pagos solo ofrecen una comprensión parcial de los flujos financieros dirigidos a los gobiernos de los países en los que operan. La ley francesa marca los 100.000 € como umbral para declarar pagos, sin embargo, las empresas realizan sus reportes en distintas divisas (Orano lo hace en monedas locales) sin especificar tipos de cambio, y no están obligadas a detallar pagos en especie, lo que reduce la claridad y la fiabilidad de los datos. La ley también exige que las empresas deben declarar los pagos para cada proyecto. Sin embargo, esta regla no es clara cuando una empresa deja de operar en solitario. Areva declara todos los pagos del proyecto, incluyendo los de sus socios, lo que no refleja lo que realmente pagó por su cuenta. Asimismo, la ley también estipula que las empresas clasifiquen sus pagos en siete categorías que no tienen una definición clara, lo que lleva a cada empresa a usar un criterio distinto. Es en la categoría “impuestos”, en la que a menudo se incluyen montos no clasificables, y en categorías adicionales como “otros”, no previstas por la ley. Esta falta de uniformidad dificulta comparar los pagos entre empresas.

En 2013, Oxfam y el ROTAB (Red de Organizaciones para la Transparencia y el Análisis Presupuestario) publicaron una campaña «Níger: ¿A quién beneficia el uranio?» donde denunciaban la falta de aportación de Orano al presupuesto de Níger en contraposición a la explotación de uranio en su territorio y exigir la renegociación de los contratos de explotación minera. Mientras que una de cada cinco bombillas en Francia se alimenta con uranio de Níger, más del 90% de la población de este país no contaba con acceso a la electricidad. Asimismo, Francia pagaba regalías menores a las estipuladas por el gobierno nigerino. A causa de la presión ciudadana y las nuevas leyes europeas, Orano publicó en 2015 las transferencias al gobierno de Níger. El uranio de este país representa el 27 % de la producción del grupo francés, controlado mayoritariamente por el Estado, no obstante, el país solo recibe el 7 % de los ingresos. Si se realiza un análisis de los datos vemos que una de las estrategias de Orano es bajar los precios de compra del uranio. Esto reduce la rentabilidad de las minas, disminuyendo tanto los ingresos de los mineros como las regalías pagadas a Níger, debido a que este porcentaje se calcula en función a la rentabilidad. El grupo francés evitó pagar cerca de 15 millones de euros en regalías a Níger que le tendría que haber pagado si el precio del uranio no hubiese bajado.

Asimismo, también se sobrevalora el valor del uranio explotado. En 2015 Orano vendió uranio a su casa matriz por debajo del precio de mercado, evitando así el pago de impuestos en Níger. Si el uranio hubiera sido valorado correctamente, los impuestos habrían oscilado entre 10 y 30 millones de euros, lo que representaría entre el 8% y el 18% del presupuesto de salud del país en ese año (Alliot et al., 2017).