Extracción del Uranio en Níger: Caso Orano

Francia es un país que requiere uranio para su industria nuclear y su programa armamentístico, aunque evita adquirirlo en el mercado global con el objetivo de preservar su independencia económica y militar. Debido a esto, países como Canadá y Australia eran considerados sujetos poco confiables debido a la influencia ejercida por Estados Unidos. El descubrimiento de uranio en antiguas colonias africanas como Níger y Gabón garantizaba a Francia un suministro seguro y controlado. Medidas como acuerdos técnicos, zonas monetarias exclusivas e incluso intervenciones militares fueron implementadas para proteger este recurso. Esta necesidad estratégica influyó directamente en la forma en que Francia diseñó su política hacia sus antiguas colonias africanas (Pederson, 2000).

Orano, anteriormente llamada Areva, es un gigante multinacional francés especializado en energía nuclear. Este grupo, que cuenta con 17.000 empleados, se define a sí mismo como un “operador internacional reconocido en el campo de los materiales nucleares, que ofrece soluciones para abordar los desafíos globales actuales y futuros en materia de energía y salud” (Orano, 2020). La trayectoria del grupo en Níger, que se extiende por más de 40 años, constituye un eje central para comprender la explotación del uranio y sus consecuencias en el desarrollo de países con reservas de este elemento. Esta multinacional está presente en más de 100 países y es una de las empresas nucleares más grandes del mundo. En 2021, Orano registró ingresos por 4.700 millones de euros y una cartera de pedidos valorada en 25.800 millones de euros. El Estado francés es el principal accionista de la empresa, controlando el 50% de las acciones (45,2% de forma directa y 4,8% a través del Comisariado de Energía Atómica de Francia). Su influencia es clave en las políticas y decisiones estratégicas del grupo.
En 1956, el Comisariado de Energía Atómica francés (CEA), lo que hoy sería Orano, comenzó a explorar Níger en busca de uranio. Al comienzo de las extracciones en los años sesenta, los mineros franceses contaban con medidas de control y seguimiento médico, mientras que sus compañeros africanos, al no ser reconocidos como trabajadores nucleares, carecían de protección, información y atención médica adecuada. Esto provocó que miles de personas enfermasen. Pese a algunos avances en la seguridad laboral, la extracción de uranio en Níger sigue representando un desastre ecológico y sanitario, sofocado bajo los intereses económicos y diplomáticos de Francia.

Para finales de 2016, Orano había extraído cerca de 130.000 toneladas de uranio de las minas desde su apertura, lo que representa el doble de lo que las 237 minas que antes explotaban en territorio francés pudieron proporcionar en unos cincuenta años. Con esto se demuestra la dependencia que sufre Francia del uranio africano. Desde el inicio de la explotación del uranio en Níger, el precio es fijado de manera extraoficial por París, por lo que cualquier medio era válido para perpetuar un régimen subordinado: desde operaciones de contrainteligencia y la manipulación de insurrecciones tuareg hasta la complicidad con líderes golpistas. Sin embargo, es complicado estimar el impacto real de las explotaciones por parte del grupo en la región, ya que no se pueden contabilizar los empleos indirectos. No obstante, estudios indican que el 78% de las compras se realizan de forma local. Además, el ambiente, el suelo y el aire están altamente contaminados, superando los umbrales de aceptabilidad de la OMS, mientras que Orano rechaza estas acusaciones y presenta otro tipo de muestras. Las consecuencias, sin embargo, son evidentes. Para el año 2013 las muertes por enfermedades respiratorias duplicaban la media nacional. Además de estas enfermedades respiratorias, también hay cánceres, problemas de piel, alergias graves, enfermedades infantiles (Desquesnes y Vidal, 2020).

Para comprender el impacto de la extracción de uranio en Níger por parte del sector extractivo francés, es fundamental analizar la asimetría en los acuerdos entre las empresas y los gobiernos de Francia y Níger. No obstante, existe muy poca información disponible sobre este tipo de contratos coloniales y pagos al gobierno. Las empresas extractivas, al igual que los países de origen, suelen mantener estos acuerdos en el ámbito privado. Esto, junto con la falta de explicaciones y detalles, las inconsistencias y la ambigüedad en la interpretación de las disposiciones legislativas, obstaculizan el acceso a la información. Existe una dificultad real para encontrar los documentos proporcionados por las empresas francesas, ya que estas publican datos en formato PDF, dificultando su análisis y aumentando el riesgo de errores. Asimismo, muchos documentos no aparecen si se buscan con palabras como “pagos” o “gobierno”. Aunque cumplen parcialmente con las obligaciones legales, persisten importantes lagunas que dificultan una verdadera transparencia.

El análisis de las primeras declaraciones de pagos a los gobiernos realizadas por Orano permite evaluar el cumplimiento de la ley francesa y detectar posibles deficiencias en su regulación. Y aunque se han registrado avances en materia de transparencia, las declaraciones de pagos solo ofrecen una comprensión parcial de los flujos financieros dirigidos a los gobiernos de los países en los que operan. La ley francesa marca los 100.000 € como umbral para declarar pagos, sin embargo, las empresas realizan sus reportes en distintas divisas (Orano lo hace en monedas locales) sin especificar tipos de cambio, y no están obligadas a detallar pagos en especie, lo que reduce la claridad y la fiabilidad de los datos. La ley también exige que las empresas deben declarar los pagos para cada proyecto. Sin embargo, esta regla no es clara cuando una empresa deja de operar en solitario. Areva declara todos los pagos del proyecto, incluyendo los de sus socios, lo que no refleja lo que realmente pagó por su cuenta. Asimismo, la ley también estipula que las empresas clasifiquen sus pagos en siete categorías que no tienen una definición clara, lo que lleva a cada empresa a usar un criterio distinto. Es en la categoría “impuestos”, en la que a menudo se incluyen montos no clasificables, y en categorías adicionales como “otros”, no previstas por la ley. Esta falta de uniformidad dificulta comparar los pagos entre empresas.

En 2013, Oxfam y el ROTAB (Red de Organizaciones para la Transparencia y el Análisis Presupuestario) publicaron una campaña «Níger: ¿A quién beneficia el uranio?» donde denunciaban la falta de aportación de Orano al presupuesto de Níger en contraposición a la explotación de uranio en su territorio y exigir la renegociación de los contratos de explotación minera. Mientras que una de cada cinco bombillas en Francia se alimenta con uranio de Níger, más del 90% de la población de este país no contaba con acceso a la electricidad. Asimismo, Francia pagaba regalías menores a las estipuladas por el gobierno nigerino. A causa de la presión ciudadana y las nuevas leyes europeas, Orano publicó en 2015 las transferencias al gobierno de Níger. El uranio de este país representa el 27 % de la producción del grupo francés, controlado mayoritariamente por el Estado, no obstante, el país solo recibe el 7 % de los ingresos. Si se realiza un análisis de los datos vemos que una de las estrategias de Orano es bajar los precios de compra del uranio. Esto reduce la rentabilidad de las minas, disminuyendo tanto los ingresos de los mineros como las regalías pagadas a Níger, debido a que este porcentaje se calcula en función a la rentabilidad. El grupo francés evitó pagar cerca de 15 millones de euros en regalías a Níger que le tendría que haber pagado si el precio del uranio no hubiese bajado.

Asimismo, también se sobrevalora el valor del uranio explotado. En 2015 Orano vendió uranio a su casa matriz por debajo del precio de mercado, evitando así el pago de impuestos en Níger. Si el uranio hubiera sido valorado correctamente, los impuestos habrían oscilado entre 10 y 30 millones de euros, lo que representaría entre el 8% y el 18% del presupuesto de salud del país en ese año (Alliot et al., 2017).