Amín Lejarza de Bilbao Essalhi
Presidente de Eurodefense Joven España
La seguridad internacional es un tema multifacético. Actualmente, enfrentamos diversos desafíos para los cuales aún no se han encontrado contramedidas eficaces. Esto se debe, en gran medida, a ciertas prácticas cuestionables que siguen siendo toleradas dentro del sistema internacional. En este caso, estamos hablando de la cooperación entre autocracias para el lavado de dinero a nivel global. En la actualidad, diversas autocracias en el mundo logran evadir los controles internacionales, los cuales son débiles o, en algunos casos, inexistentes. Esta falta de regulación permite que tales prácticas prosperen con la aprobación tácita de la comunidad internacional. La permisividad resultante exige la implementación de contramedidas efectivas, ya que estas prácticas a menudo facilitan la continuidad de grupos terroristas, cárteles de drogas o bandas de crimen organizado.
La realidad es que las autocracias sienten que pueden operar con impunidad. Las prácticas en las que se involucran suelen incluir la creación de entidades subsidiarias en terceros países. Esto se puede observar en varios ejemplos prácticos. Por un lado, Venezuela ha desarrollado en el Caribe una red de empresas subsidiarias de su principal compañía petrolera, PDVSA, con las que ha influido en la elección de líderes políticos y, en consecuencia, en las decisiones que han tomado mientras estaban en el poder, principalmente mediante el lavado de dinero. Por otro lado, el caso de Irán y la proliferación de grupos proxy en la región de MENA resulta especialmente preocupante.
La percepción común suele centrarse en Medio Oriente o Asia Central, donde el chiismo tiene raíces más profundas. Sin embargo, su alcance no se limita a estas regiones. Las redes del régimen de los ayatolás se extienden hasta África Occidental, por ejemplo, intentando expandir su influencia a través de partidos políticos en Marruecos o financiando dictaduras como la que existió en Gambia con Yahya Jammeh. Este tipo de estrategia genera una tendencia clara: ejercer influencia en terceros países y así interferir en sus agendas políticas. Estas actividades son recurrentes y muy preocupantes, ya que, a pesar de ser conocidas, no se han establecido medidas efectivas para combatirlas. A menudo, cuando los responsables son capturados, más allá del revuelo mediático durante unos días, terminan siendo enviados de regreso a los países de origen para los cuales estaban trabajando.
Autocracias como Rusia, Venezuela, Corea del Norte e Irán operan con comodidad dentro de un sistema que tolera sus prácticas. Estos regímenes han estado a gusto con el statu quo internacional desde la Guerra Fría. El sistema internacional les permite perpetuar conflictos asimétricos al asegurar la financiación necesaria. Más aún, el orden internacional no solo facilita el ocultamiento de sus reservas, sino que también permite el financiamiento de grupos proxy. El caso más evidente es el de la República Islámica de Irán, que proporciona recursos significativos a milicias en todo Medio Oriente. Esta práctica permite la interferencia en democracias tanto frágiles como bien establecidas, donde a veces es difícil identificar la solvencia económica.
Para las autocracias, disponer de estructuras de lavado de dinero les otorga cierto control sobre la dinámica internacional, además de facilitar el acceso a información privilegiada en momentos clave (no hay que olvidar que obtener estos datos es sumamente difícil, ya que los paraísos fiscales suelen ser sinónimos de discreción, aunque no siempre). De este modo, las autocracias se ven “beneficiadas” por este sistema, pese al ocasional control occidental.
Además, el sistema internacional también permite a las autocracias perpetuar guerras híbridas al garantizar su supervivencia a través de la fortaleza económica. Así, el factor geopolítico se consolida dentro de esta dinámica. Asimismo, no debemos olvidar quién dirige estas redes dentro de las autocracias: los servicios de inteligencia. Aprovechando metodologías estrechamente ligadas a la inteligencia económica y competitiva, estos servicios crean las infames redes que son semillas de grandes desestabilizaciones a nivel mundial. Dicho esto, es fundamental no olvidar lo siguiente: la premisa en la que operan las autocracias. Estas se basan en el principio geopolítico de que, cuanto más lejos se generen los problemas, más lejos se desarrollarán los conflictos de sus propias fronteras. A partir de aquí, comenzamos a entender cómo y por qué actúan, e incluso podemos comprender la metodología que emplean.
Uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial por estos servicios de inteligencia es el sistema Hawala. Cabe destacar que este mecanismo está estrechamente vinculado a grupos terroristas e incluso a cárteles del narcotráfico. No obstante, muchos de estos grupos fueron ocasionalmente entrenados por terceros. Incluso algunas organizaciones terroristas cuentan en sus filas (particularmente en sus estructuras de mando) con exmiembros de servicios de inteligencia; tal es el caso de Daesh, que incluye oficiales militares iraquíes de alto rango.
Lo significativo de metodologías como la Hawala es que permiten la transferencia de fondos sin que el dinero viaje físicamente, lo que dificulta notablemente su rastreo. Sin embargo, las guerras híbridas también tienen prácticas mucho más “legales”, a veces involucrando la creación de empresas en terceros países para ejercer un control directo sobre ellas. Este panorama debería impulsarnos a reflexionar sobre el tipo de control que queremos tener y sobre las necesidades reales que están sobre la mesa, pero que no están siendo abordadas. Un caso relevante en este sentido es el de la contrainteligencia.
Por estas razones, el problema del lavado de dinero representa un problema global significativo que involucra tanto a actores estatales como no estatales. Sin recursos, las autocracias no podrían expandir ni consolidar su poder. Desde la perspectiva de la Unión Europea, la respuesta ante este fenómeno debe ser inequívoca: una lucha cooperativa por parte de los 27 Estados miembros orientada a analizar y desarticular los mecanismos que los regímenes autocráticos emplean para explotar el sistema internacional con fines de lavado de dinero. Esto incluye abordar el uso estratégico del sistema bancario, su cooperación en esquemas de evasión de sanciones, y el papel de empresas con sede en Occidente que facilitan o encubren estas operaciones. Deben establecerse líneas rojas claras para aquellas instituciones y compañías occidentales que estén dispuestas a colaborar con regímenes autoritarios o con sus filiales. En consonancia con este enfoque, resulta imprescindible implementar una metodología que, en el marco de las políticas públicas, contemple también una estrategia multilateral, tanto en el ámbito civil como en el militar.
