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Desde la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN en agosto de 2021, Afganistán ha regresado con fuerza al tablero geopolítico internacional. La salida repentina de las fuerzas occidentales no solo supuso el colapso del gobierno afgano respaldado por Occidente, sino también el retorno al poder del régimen talibán en un escenario marcado por el vacío institucional, la incertidumbre social y una grave crisis humanitaria. Esta coyuntura ha convertido al país en un espacio de oportunidad para diversas potencias regionales que, ante la ausencia de influencia occidental directa, han intensificado su presencia o reformulado sus intereses estratégicos en la zona.
La ausencia de un Estado plenamente funcional, el incremento de la inseguridad, el repunte de la actividad terrorista y la necesidad de estabilización han llevado a actores como China, Rusia, Pakistán, India e Irán a reconfigurar sus relaciones con el nuevo régimen talibán. Al mismo tiempo, organizaciones no estatales como el ISIS-K o Al Qaeda han aprovechado este contexto volátil para reagruparse. La retirada occidental no ha cerrado un capítulo, sino que ha inaugurado una nueva fase de competencia regional, en la que cada potencia persigue objetivos geoeconómicos, de seguridad o de influencia ideológica.
En este marco, analizar el papel actual de Afganistán implica comprender cómo se ha convertido en una pieza clave de las estrategias diplomáticas y de seguridad de sus vecinos más influyentes. Su ubicación estratégica, en la intersección de potencias con aspiraciones hegemónicas en Asia Central —como China, Rusia, Pakistán, India e Irán—, otorga al país un valor geopolítico singular (Ballesteros, 2011). Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y aliadas, se generó un vacío de poder que, según Castro (2023), fue rápidamente interpretado por dichas potencias como una ventana de oportunidad.
Entre ellas, China destaca como uno de los actores que más ha sabido capitalizar esta nueva situación. El gigante asiático ha identificado en Afganistán un espacio para expandir sus intereses, tanto económicos —incluyendo el desarrollo de infraestructuras y el acceso a recursos minerales estratégicos (lantano, cerio, neodimio)—, como políticos. Desde 2021, China implementa una “diplomacia de cinco puntos” hacia Afganistán, cuyo primer eje es el reconocimiento implícito del gobierno talibán mediante contactos diplomáticos directos. Otros elementos clave de esta estrategia incluyen la prevención de que Afganistán se convierta en un refugio para terroristas yihadistas, especialmente uigures procedentes de Xinjiang, región fronteriza con Afganistán que China considera vulnerable a la radicalización islamista (Castro, 2023).
Los demás pilares de la diplomacia china en la zona abogan por una transición hacia una sociedad más inclusiva, el compromiso con la situación humanitaria y la consolidación del liderazgo global chino mediante una narrativa que responsabiliza a Occidente —en especial a Estados Unidos— del desastre afgano. Así, China utiliza el caso afgano para reforzar su confrontación estratégica con Washington y enviar un mensaje implícito a socios de EE. UU., como Taiwán (Rodríguez, 2022). Además, Afganistán podría desempeñar un papel complementario en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como alternativa al Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), conectando al país con las repúblicas centroasiáticas (Castro, 2023).
Rusia, por su parte, ha visto en la retirada occidental una oportunidad para reforzar su papel como garante de seguridad en Asia Central. Según Castro (2023), el regreso de los talibanes ha permitido a Moscú proyectar su influencia sobre las repúblicas exsoviéticas vecinas y contener cualquier desplazamiento dentro de su área de influencia tradicional. Bajo el argumento de la amenaza terrorista, Rusia ha justificado su presencia militar y política en países como Tayikistán y Kirguistán, aunque sin contemplar, por el momento, una intervención directa (Castro, 2023).
Pakistán, con más de 2.500 kilómetros de frontera compartida con Afganistán y una significativa población pastún dividida por la Línea Durand, mantiene una relación simbiótica y tensa con el vecino país. Históricamente, fue uno de los principales apoyos del movimiento talibán y consideró su regreso al poder como una victoria estratégica frente a la creciente influencia india en el anterior gobierno afgano. Sin embargo, esta alianza se ha visto deteriorada por el respaldo de los talibanes a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), grupo insurgente cuyas actividades están siendo aprovechadas por otras organizaciones como el ISIS-K y el Ejército de Liberación de Baluchistán para atacar intereses pakistaníes (Castro, 2023).
India, por su parte, ha optado por una aproximación pragmática: ha ofrecido ayuda humanitaria y alimentos —como trigo— a cambio de garantías por parte de los talibanes de que Afganistán no será un santuario para grupos terroristas hostiles a Nueva Delhi (Castro, 2023).
Irán, en cambio, ha recibido con recelo el regreso de los talibanes, debido a la persecución que estos ejercen contra la minoría chií hazara, además de los persistentes problemas de narcotráfico, fronteras y refugiados. Sin embargo, comparten un enemigo común en el ISIS-K, lo que ha permitido cierto grado de cooperación táctica (Castro, 2023).
Europa mantiene una posición ambigua, sin reconocer al régimen talibán pero consciente de que en el futuro será necesario algún tipo de contacto diplomático (Rodríguez, 2022). España, concretamente, no considera que la situación afgana tenga un impacto directo en su seguridad o sus intereses estratégicos.
Por su parte, Estados Unidos ha perdido peso e influencia en el país. Tras la retirada de 2021 y el regreso de los talibanes a Kabul, Washington ha dado por cerrado su capítulo afgano, trasladando su foco de atención geoestratégico al Indo-Pacífico.
Finalmente, el terrorismo internacional sigue siendo un factor clave en la geopolítica afgana. Como señala Castro (2023), si bien Afganistán no es aún un Estado fallido, la incapacidad de los talibanes para ejercer un control efectivo sobre el territorio podría facilitar, en poco tiempo, que se convierta en refugio para organizaciones yihadistas transnacionales. El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Mark Milley, advirtió que, en un plazo de 12 a 36 meses, grupos como Al Qaeda o ISIS-K podrían volver a operar internacionalmente desde suelo afgano, si bien con un nivel de amenaza inferior al previo al 11-S (Castro, 2023).

La explotación de África está claramente encabezada por las compañías dedicadas a la extracción minera y al comercio de diamantes. No obstante, el paso del tiempo y la mejora progresiva de las condiciones económicas locales ha delegado la dominación del sector a quienes lideran la distribución, la logística y las telecomunicaciones. Este es el caso de un grupo industrial francés, que comenzó con una fábrica de papel y que hoy se ha consolidado como una de las grandes potencias internacionales: el conglomerado de la familia Bolloré.
Entre 1986 y 2023, el grupo Bolloré consolidó una presencia destacada en el sector del transporte y de la logística en África. Sin embargo, los inicios de la empresa se remontan al colonialismo francés en África. En 1927 el grupo comienza su historia de presencia en el continente africano con la toma de control del puerto de Dakar por parte de la SCAC/SOCOPAO. Este puerto senegalés se convierte en el punto de tránsito de cacao, de café y de caucho producidos en las colonias africanas por los colonos occidentales. En 1986, Bolloré adquiere nuevamente las sociedades coloniales SCAC/SOCOPAO a la Compañía financiera de Suez, marcando el comienzo de su carrera africana.
El grupo justifica sus adquisiciones en la estabilidad de sus acciones, así como en el dominio de las tecnologías, lo que le permite realizar inversiones a largo plazo. No obstante, hay un factor más con el que Bolloré ha logrado expandir su influencia en África. En el 2000 contratan a Michel Roussin, un veterano de las redes francoafricanas, para facilitar sus contactos con líderes africanos. Desde 2004-2005, la empresa gestiona puertos clave en Abidjan (Costa de Marfil) y Douala (Senegal), y para 2018 controlaba 18 puertos, tres compañías ferroviarias (Sitarail, Camrail y Benirail) y a través de la sociedad Socfinal, gestiona y explota grandes plantaciones de aceite de palma y hevea (187.000 hectáreas) en Costa de Marfil, en Liberia, en la República Democrática del Congo, en Nigeria, en Kenia y en Camerún (Luceño, 2018).
Asimismo, Bolloré Energy, con una plantilla de 1.000 empleados, es el principal proveedor de gasóleo para calefacción en Francia. La empresa se dedica al transporte y al almacenamiento a granel de productos petrolíferos. Además, está involucrada en el diseño, financiamiento, construcción y gestión de hoteles en África Occidental y Central (IBI World España, 2023). No obstante, en 2013 se abrió una investigación judicial contra los directivos del grupo Bolloré, siendo sospechosos de haber financiado la reelección del presidente de Togo, Faure Gnassingbé, a través de Havas, una filial del grupo que supuestamente subfacturaba sus servicios.
En contraparte, el presidente togolés habría permitido que Vincent Bolloré (presidente en ese momento de Bolloré) recuperara la concesión del puerto de Lomé por 35 años, el único puerto de aguas profundas en la costa occidental de África. Asimismo, se investigó la implicación de Havas en la campaña de Alpha Condé en Guinea a cambio de contratos, a favor de Bolloré Group, para la gestión de los puertos de Conakri (Ipmark, 2018). Con
toda la evidencia, y pese a que las investigaciones respaldan que el grupo Bolloré utilizó prácticas corruptas para asegurar sus concesiones portuarias en África, las acusaciones de corrupción fueron finalmente desestimadas en su mayoría. Tras la investigación y la imputación de Vincent Bolloré por corrupción por parte de la Justicia Francesa, el 1 de enero de 2020 el grupo francés dejó de administrar el puerto de Doula, en Camerún.
En 2024 se culmina la compra donde el Grupo CMA CGM ha adquirido 100% de Bolloré Logistics a CMA CGM por un valor de 4.850 millones de euros (Digital, 2024). Tras esta venta de sus activos portuarios africanos a MSC, el Grupo Bolloré afronta una ola de protestas y acusaciones de corrupción en varios países de África. Pese a la admisión de culpa de Vincent Bolloré y el pago de 12 millones de euros en 2021 al tesoro togolés, el caso sigue abierto donde oenegés señalan el uso de la “justicia negociada”. Esto quiere decir, que se evita los juicios públicos y se favorece a las grandes corporaciones. En Costa de Marfil, la venta de los estados portuarios de Bolloré se realizó sin la autorización del gobierno marfileño, quien había invertido más de 1.500 millones de euros en el puerto 28 de Abiyán, generando tensiones políticas.
Por otro lado, en Camerún, el grupo también se enfrenta a investigaciones sobre la concesión del puerto de Kribi y 2020 se abrió una investigación bajo sospecha de fraude en el proceso de adjudicación. En Benín, la situación empeoró cuando en 2021, diez personas, incluidos directivos de Bolloré Africa Logistics, fueron arrestadas tras encontrar 145 kilos de cocaína en el puerto de Cotonú a raíz de una operación antidroga ordenada por el presidente Patrice Talon. Finalmente, el grupo Bolloré también enfrenta acusaciones de malversación de fondos en Camerún a través de su filial Douala International Terminal, en colaboración con el presidente Paul Biya y su esposa, Chantal Biya. A través de su control casi total sobre el transporte ferroviario, puertos y oleoductos, el grupo tiene una gran influencia en la economía y política del país (IBI World España, 2023b).

Vivimos conectados: no dejamos de enviar y recibir información desde cualquier dispositivo. De hecho, todos llevamos uno con nosotros todo el tiempo. No paramos de crear, gestionar y consumir todo tipo de información: noticias, opiniones en redes sociales, contenidos educativos y laborales, e incluso usamos plataformas digitales para la gestión del voto electrónico.

Ahora imaginemos escalar todo esto más allá del entorno personal y trasladarlo al mundo de la empresa privada o a las administraciones públicas. La cantidad de información que gestionan estas últimas es enorme, y resulta esencial para el mantenimiento de un sinfín de servicios públicos dirigidos al ciudadano, muchos de ellos críticos. Hablamos de hospitales y servicios de emergencia, redes de transporte público que podrían colapsar si sus sistemas de control se interrumpen, el suministro de agua, electricidad y gas —esenciales para hogares y ciudades—, sistemas bancarios y de pago electrónico sin los cuales la economía se paralizaría, así como infraestructuras educativas y gubernamentales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el propio individuo hasta la administración más grande, todos deben estar protegidos. Y es aquí donde entra en juego un término que últimamente está en boca de todos: la ciberseguridad.

¿Qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante?

La ciberseguridad es, en esencia, la defensa del mundo digital. No se trata únicamente de proteger a empresas o gobiernos, sino también de salvaguardar la vida digital —y en algunos casos, la vida real— de las personas. Desde una simple cuenta en una red social hasta sistemas sanitarios complejos, todo puede ser objetivo de ciberataques. El impacto es real y tangible: puede costar vidas de forma directa. Imaginemos, por ejemplo, las consecuencias de un ciberataque durante una operación quirúrgica asistida por sistemas digitales. En los últimos años, los ciberataques se han consolidado como herramientas de presión política, espionaje y sabotaje. En este contexto, ha surgido el concepto de “guerra híbrida”, que hace referencia a conflictos en los que las armas digitales desempeñan un papel tan relevante —o incluso más— que las armas convencionales. 

Ciberseguridad, geopolítica y alianzas

Vivimos tiempos convulsos en el panorama internacional desde la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto de guerra híbrida, se han registrado múltiples ciberataques masivos y significativos. 

Uno de los primeros ocurrió incluso antes del inicio del conflicto armado, con el uso de WhisperGate, un malware destructivo que, en enero de 2022, afectó a organismos gubernamentales y ONG ucranianas. Aunque simulaba ser un ransomware, su verdadero propósito era la destrucción irreversible de datos. Otro ataque relevante fue dirigido contra la red satelital KA-SAT de la empresa Viasat, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones digitales en los momentos previos a la invasión. Estos son solo algunos ejemplos de la dimensión cibernética de esta guerra.

Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha recibido el respaldo político, económico y militar de sus aliados occidentales. Por un lado, de la OTAN, que, si bien no incluye formalmente a Ucrania, la reconoce como un socio prioritario; y por otro, de la Unión Europea. Esta postura de respaldo ha convertido a los países occidentales en objetivos directos dentro de esta guerra híbrida. Estas naciones han sido blanco de una combinación de ciberataques y campañas de desinformación promovidas por Rusia y actores afines, con el objetivo de debilitar el frente occidental sin necesidad de recurrir a una confrontación militar directa. Entre sus objetivos se encuentra España, dado su papel dentro de ambas organizaciones. 

Respaldar a Ucrania ya no significa únicamente ofrecer apoyo diplomático o militar, sino también resistir en el ciberespacio. Grupos prorrusos como NoName057(16) o Z-Pentest han lanzado numerosos ciberataques contra instituciones públicas y privadas en países europeos y miembros de la OTAN, como forma de represalia por el apoyo prestado a Kiev.

España en el punto de mira

España se ha convertido en objetivo de numerosos ciberataques, muchos de los cuales están directamente vinculados a su apoyo a Ucrania. Estos ataques han afectado a múltiples instituciones públicas, evidenciando la vulnerabilidad del país ante este tipo de amenazas.

Según datos del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en 2023 las administraciones públicas españolas sufrieron más de 107.000 ciberataques, una cifra que no solo se mantuvo, sino que mostró una clara tendencia al alza. En los dos primeros meses de 2024 ya se habían registrado 25.000 incidentes, lo que representa un incremento de más del 190% respecto al mismo período del año anterior. Durante 2024 y principios de 2025, los principales objetivos de estos ataques han seguido siendo los ayuntamientos, considerados eslabones especialmente vulnerables debido a sus limitados recursos técnicos y humanos. Muchos de estos ataques han implicado el secuestro de sistemas, la filtración de datos confidenciales y la interrupción de servicios esenciales para el ciudadano.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, se han producido diversos ataques dirigidos a administraciones locales, como las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, así como al Ayuntamiento de Mérida, que fueron objetivo de ciberataques perpetrados por el grupo prorruso NoName057(16). Estos ataques se enmarcan dentro de la campaña denominada “OpSpain”, una ofensiva coordinada impulsada principalmente por grupos de hackers prorrusos como NoName057(16) y Z-Pentest, en represalia por el respaldo del Gobierno de España a Ucrania.

Cabe destacar que NoName057(16) también llevó a cabo ataques contra la página web del Ministerio del Interior durante las anteriores elecciones generales del pasado año 2023. Además, este grupo también ha dirigido sus acciones contra empresas provenientes del sector privado y de la defensa, como el ciberataque a la matriz de Santa Bárbara Sistemas, responsable del montaje de los tanques Leopard en España.

No podemos pasar por alto la actividad del grupo Z-Pentest, que ha llevado a cabo ataques dirigidos contra instituciones de alto perfil como la Casa Real y diversos ministerios, entre ellos los de Interior y Justicia.

Todo esto constituye una muestra representativa de lo expuestos que estamos y pone de relieve la importancia de estar concienciados y formados en ciberseguridad, desde el ámbito individual hasta la empresa privada y la propia administración pública.

Un gran desafío 

La ciberseguridad no es únicamente una cuestión técnica ni algo que compete solo a quienes se encuentran detrás de un ordenador. Se trata de un reto político, ético y social, que nos interpela como colectivo. En el ciberespacio no solo está en juego la seguridad de los Estados, sino también algo igual de valioso: la confianza de la ciudadanía en el mundo digital.

La seguridad internacional es un tema multifacético. Actualmente, enfrentamos diversos desafíos para los cuales aún no se han encontrado contramedidas eficaces. Esto se debe, en gran medida, a ciertas prácticas cuestionables que siguen siendo toleradas dentro del sistema internacional. En este caso, estamos hablando de la cooperación entre autocracias para el lavado de dinero a nivel global. En la actualidad, diversas autocracias en el mundo logran evadir los controles internacionales, los cuales son débiles o, en algunos casos, inexistentes. Esta falta de regulación permite que tales prácticas prosperen con la aprobación tácita de la comunidad internacional. La permisividad resultante exige la implementación de contramedidas efectivas, ya que estas prácticas a menudo facilitan la continuidad de grupos terroristas, cárteles de drogas o bandas de crimen organizado.

La realidad es que las autocracias sienten que pueden operar con impunidad. Las prácticas en las que se involucran suelen incluir la creación de entidades subsidiarias en terceros países. Esto se puede observar en varios ejemplos prácticos. Por un lado, Venezuela ha desarrollado en el Caribe una red de empresas subsidiarias de su principal compañía petrolera, PDVSA, con las que ha influido en la elección de líderes políticos y, en consecuencia, en las decisiones que han tomado mientras estaban en el poder, principalmente mediante el lavado de dinero. Por otro lado, el caso de Irán y la proliferación de grupos proxy en la región de MENA resulta especialmente preocupante.

La percepción común suele centrarse en Medio Oriente o Asia Central, donde el chiismo tiene raíces más profundas. Sin embargo, su alcance no se limita a estas regiones. Las redes del régimen de los ayatolás se extienden hasta África Occidental, por ejemplo, intentando expandir su influencia a través de partidos políticos en Marruecos o financiando dictaduras como la que existió en Gambia con Yahya Jammeh. Este tipo de estrategia genera una tendencia clara: ejercer influencia en terceros países y así interferir en sus agendas políticas. Estas actividades son recurrentes y muy preocupantes, ya que, a pesar de ser conocidas, no se han establecido medidas efectivas para combatirlas. A menudo, cuando los responsables son capturados, más allá del revuelo mediático durante unos días, terminan siendo enviados de regreso a los países de origen para los cuales estaban trabajando.

Autocracias como Rusia, Venezuela, Corea del Norte e Irán operan con comodidad dentro de un sistema que tolera sus prácticas. Estos regímenes han estado a gusto con el statu quo internacional desde la Guerra Fría. El sistema internacional les permite perpetuar conflictos asimétricos al asegurar la financiación necesaria. Más aún, el orden internacional no solo facilita el ocultamiento de sus reservas, sino que también permite el financiamiento de grupos proxy. El caso más evidente es el de la República Islámica de Irán, que proporciona recursos significativos a milicias en todo Medio Oriente. Esta práctica permite la interferencia en democracias tanto frágiles como bien establecidas, donde a veces es difícil identificar la solvencia económica.

Para las autocracias, disponer de estructuras de lavado de dinero les otorga cierto control sobre la dinámica internacional, además de facilitar el acceso a información privilegiada en momentos clave (no hay que olvidar que obtener estos datos es sumamente difícil, ya que los paraísos fiscales suelen ser sinónimos de discreción, aunque no siempre). De este modo, las autocracias se ven “beneficiadas” por este sistema, pese al ocasional control occidental.

Además, el sistema internacional también permite a las autocracias perpetuar guerras híbridas al garantizar su supervivencia a través de la fortaleza económica. Así, el factor geopolítico se consolida dentro de esta dinámica. Asimismo, no debemos olvidar quién dirige estas redes dentro de las autocracias: los servicios de inteligencia. Aprovechando metodologías estrechamente ligadas a la inteligencia económica y competitiva, estos servicios crean las infames redes que son semillas de grandes desestabilizaciones a nivel mundial. Dicho esto, es fundamental no olvidar lo siguiente: la premisa en la que operan las autocracias. Estas se basan en el principio geopolítico de que, cuanto más lejos se generen los problemas, más lejos se desarrollarán los conflictos de sus propias fronteras. A partir de aquí, comenzamos a entender cómo y por qué actúan, e incluso podemos comprender la metodología que emplean.

Uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial por estos servicios de inteligencia es el sistema Hawala. Cabe destacar que este mecanismo está estrechamente vinculado a grupos terroristas e incluso a cárteles del narcotráfico. No obstante, muchos de estos grupos fueron ocasionalmente entrenados por terceros. Incluso algunas organizaciones terroristas cuentan en sus filas (particularmente en sus estructuras de mando) con exmiembros de servicios de inteligencia; tal es el caso de Daesh, que incluye oficiales militares iraquíes de alto rango.

Lo significativo de metodologías como la Hawala es que permiten la transferencia de fondos sin que el dinero viaje físicamente, lo que dificulta notablemente su rastreo. Sin embargo, las guerras híbridas también tienen prácticas mucho más “legales”, a veces involucrando la creación de empresas en terceros países para ejercer un control directo sobre ellas. Este panorama debería impulsarnos a reflexionar sobre el tipo de control que queremos tener y sobre las necesidades reales que están sobre la mesa, pero que no están siendo abordadas. Un caso relevante en este sentido es el de la contrainteligencia.

Por estas razones, el problema del lavado de dinero representa un problema global significativo que involucra tanto a actores estatales como no estatales. Sin recursos, las autocracias no podrían expandir ni consolidar su poder. Desde la perspectiva de la Unión Europea, la respuesta ante este fenómeno debe ser inequívoca: una lucha cooperativa por parte de los 27 Estados miembros orientada a analizar y desarticular los mecanismos que los regímenes autocráticos emplean para explotar el sistema internacional con fines de lavado de dinero. Esto incluye abordar el uso estratégico del sistema bancario, su cooperación en esquemas de evasión de sanciones, y el papel de empresas con sede en Occidente que facilitan o encubren estas operaciones. Deben establecerse líneas rojas claras para aquellas instituciones y compañías occidentales que estén dispuestas a colaborar con regímenes autoritarios o con sus filiales. En consonancia con este enfoque, resulta imprescindible implementar una metodología que, en el marco de las políticas públicas, contemple también una estrategia multilateral, tanto en el ámbito civil como en el militar.

Francia es un país que requiere uranio para su industria nuclear y su programa armamentístico, aunque evita adquirirlo en el mercado global con el objetivo de preservar su independencia económica y militar. Debido a esto, países como Canadá y Australia eran considerados sujetos poco confiables debido a la influencia ejercida por Estados Unidos. El descubrimiento de uranio en antiguas colonias africanas como Níger y Gabón garantizaba a Francia un suministro seguro y controlado. Medidas como acuerdos técnicos, zonas monetarias exclusivas e incluso intervenciones militares fueron implementadas para proteger este recurso. Esta necesidad estratégica influyó directamente en la forma en que Francia diseñó su política hacia sus antiguas colonias africanas (Pederson, 2000).

Orano, anteriormente llamada Areva, es un gigante multinacional francés especializado en energía nuclear. Este grupo, que cuenta con 17.000 empleados, se define a sí mismo como un “operador internacional reconocido en el campo de los materiales nucleares, que ofrece soluciones para abordar los desafíos globales actuales y futuros en materia de energía y salud” (Orano, 2020). La trayectoria del grupo en Níger, que se extiende por más de 40 años, constituye un eje central para comprender la explotación del uranio y sus consecuencias en el desarrollo de países con reservas de este elemento. Esta multinacional está presente en más de 100 países y es una de las empresas nucleares más grandes del mundo. En 2021, Orano registró ingresos por 4.700 millones de euros y una cartera de pedidos valorada en 25.800 millones de euros. El Estado francés es el principal accionista de la empresa, controlando el 50% de las acciones (45,2% de forma directa y 4,8% a través del Comisariado de Energía Atómica de Francia). Su influencia es clave en las políticas y decisiones estratégicas del grupo.
En 1956, el Comisariado de Energía Atómica francés (CEA), lo que hoy sería Orano, comenzó a explorar Níger en busca de uranio. Al comienzo de las extracciones en los años sesenta, los mineros franceses contaban con medidas de control y seguimiento médico, mientras que sus compañeros africanos, al no ser reconocidos como trabajadores nucleares, carecían de protección, información y atención médica adecuada. Esto provocó que miles de personas enfermasen. Pese a algunos avances en la seguridad laboral, la extracción de uranio en Níger sigue representando un desastre ecológico y sanitario, sofocado bajo los intereses económicos y diplomáticos de Francia.

Para finales de 2016, Orano había extraído cerca de 130.000 toneladas de uranio de las minas desde su apertura, lo que representa el doble de lo que las 237 minas que antes explotaban en territorio francés pudieron proporcionar en unos cincuenta años. Con esto se demuestra la dependencia que sufre Francia del uranio africano. Desde el inicio de la explotación del uranio en Níger, el precio es fijado de manera extraoficial por París, por lo que cualquier medio era válido para perpetuar un régimen subordinado: desde operaciones de contrainteligencia y la manipulación de insurrecciones tuareg hasta la complicidad con líderes golpistas. Sin embargo, es complicado estimar el impacto real de las explotaciones por parte del grupo en la región, ya que no se pueden contabilizar los empleos indirectos. No obstante, estudios indican que el 78% de las compras se realizan de forma local. Además, el ambiente, el suelo y el aire están altamente contaminados, superando los umbrales de aceptabilidad de la OMS, mientras que Orano rechaza estas acusaciones y presenta otro tipo de muestras. Las consecuencias, sin embargo, son evidentes. Para el año 2013 las muertes por enfermedades respiratorias duplicaban la media nacional. Además de estas enfermedades respiratorias, también hay cánceres, problemas de piel, alergias graves, enfermedades infantiles (Desquesnes y Vidal, 2020).

Para comprender el impacto de la extracción de uranio en Níger por parte del sector extractivo francés, es fundamental analizar la asimetría en los acuerdos entre las empresas y los gobiernos de Francia y Níger. No obstante, existe muy poca información disponible sobre este tipo de contratos coloniales y pagos al gobierno. Las empresas extractivas, al igual que los países de origen, suelen mantener estos acuerdos en el ámbito privado. Esto, junto con la falta de explicaciones y detalles, las inconsistencias y la ambigüedad en la interpretación de las disposiciones legislativas, obstaculizan el acceso a la información. Existe una dificultad real para encontrar los documentos proporcionados por las empresas francesas, ya que estas publican datos en formato PDF, dificultando su análisis y aumentando el riesgo de errores. Asimismo, muchos documentos no aparecen si se buscan con palabras como “pagos” o “gobierno”. Aunque cumplen parcialmente con las obligaciones legales, persisten importantes lagunas que dificultan una verdadera transparencia.

El análisis de las primeras declaraciones de pagos a los gobiernos realizadas por Orano permite evaluar el cumplimiento de la ley francesa y detectar posibles deficiencias en su regulación. Y aunque se han registrado avances en materia de transparencia, las declaraciones de pagos solo ofrecen una comprensión parcial de los flujos financieros dirigidos a los gobiernos de los países en los que operan. La ley francesa marca los 100.000 € como umbral para declarar pagos, sin embargo, las empresas realizan sus reportes en distintas divisas (Orano lo hace en monedas locales) sin especificar tipos de cambio, y no están obligadas a detallar pagos en especie, lo que reduce la claridad y la fiabilidad de los datos. La ley también exige que las empresas deben declarar los pagos para cada proyecto. Sin embargo, esta regla no es clara cuando una empresa deja de operar en solitario. Areva declara todos los pagos del proyecto, incluyendo los de sus socios, lo que no refleja lo que realmente pagó por su cuenta. Asimismo, la ley también estipula que las empresas clasifiquen sus pagos en siete categorías que no tienen una definición clara, lo que lleva a cada empresa a usar un criterio distinto. Es en la categoría “impuestos”, en la que a menudo se incluyen montos no clasificables, y en categorías adicionales como “otros”, no previstas por la ley. Esta falta de uniformidad dificulta comparar los pagos entre empresas.

En 2013, Oxfam y el ROTAB (Red de Organizaciones para la Transparencia y el Análisis Presupuestario) publicaron una campaña «Níger: ¿A quién beneficia el uranio?» donde denunciaban la falta de aportación de Orano al presupuesto de Níger en contraposición a la explotación de uranio en su territorio y exigir la renegociación de los contratos de explotación minera. Mientras que una de cada cinco bombillas en Francia se alimenta con uranio de Níger, más del 90% de la población de este país no contaba con acceso a la electricidad. Asimismo, Francia pagaba regalías menores a las estipuladas por el gobierno nigerino. A causa de la presión ciudadana y las nuevas leyes europeas, Orano publicó en 2015 las transferencias al gobierno de Níger. El uranio de este país representa el 27 % de la producción del grupo francés, controlado mayoritariamente por el Estado, no obstante, el país solo recibe el 7 % de los ingresos. Si se realiza un análisis de los datos vemos que una de las estrategias de Orano es bajar los precios de compra del uranio. Esto reduce la rentabilidad de las minas, disminuyendo tanto los ingresos de los mineros como las regalías pagadas a Níger, debido a que este porcentaje se calcula en función a la rentabilidad. El grupo francés evitó pagar cerca de 15 millones de euros en regalías a Níger que le tendría que haber pagado si el precio del uranio no hubiese bajado.

Asimismo, también se sobrevalora el valor del uranio explotado. En 2015 Orano vendió uranio a su casa matriz por debajo del precio de mercado, evitando así el pago de impuestos en Níger. Si el uranio hubiera sido valorado correctamente, los impuestos habrían oscilado entre 10 y 30 millones de euros, lo que representaría entre el 8% y el 18% del presupuesto de salud del país en ese año (Alliot et al., 2017).

La oportunidad y el dilema del alto el fuego

El alto el fuego entre Ucrania y Rusia es un tema de negociaciones diplomáticas complejas, que genera interpretaciones ambiguas tanto en Kyiv como en el Kremlin. Los acontecimientos recientes han demostrado que un cese temporal de hostilidades conlleva tanto beneficios como riesgos significativos. Tras las negociaciones en Yeda, Arabia Saudí, la parte ucraniana aceptó una tregua de 30 días, lo que facilitó la reanudación de la ayuda militar por parte de Estados Unidos y el fortalecimiento del intercambio de inteligencia. Esta situación permitió a Kyiv argumentar que la falta de avances hacia una paz duradera es atribuible a la postura de Moscú, contrarrestando así la narrativa oficial rusa.

Sin embargo, desde la perspectiva ucraniana, la suspensión de las hostilidades plantea múltiples desafíos. Uno de los principales problemas es la modificación de la postura de Kyiv, que desde el inicio de la invasión a gran escala ha sostenido que no deben hacerse concesiones a Rusia hasta que sus tropas abandonen los territorios ocupados. Un cambio en este principio podría generar un precedente que, en el futuro, sea utilizado como herramienta de presión política sobre Ucrania. Además, existe la posibilidad de que Moscú aproveche la tregua para fortalecer sus capacidades militares, mejorar sus líneas logísticas y llevar a cabo una nueva movilización de tropas, lo que incrementaría la amenaza de futuras ofensivas.

Ucrania ha reiterado en diversas ocasiones que un alto el fuego sin garantías de seguridad claras podría facilitar una nueva agresión rusa. Como alternativa, Kyiv propuso una tregua parcial limitada al espacio aéreo y marítimo, con el objetivo de restringir la capacidad de Moscú para reorganizar sus fuerzas terrestres. No obstante, esta propuesta no obtuvo respaldo suficiente. En contraste, los socios occidentales han manifestado su preferencia por un cese generalizado de las hostilidades, argumentando que esto podría allanar el camino para futuras negociaciones de paz, aunque también reconocen los riesgos inherentes a esta medida.

Por otro lado, las negociaciones en Yeda contribuyeron a mitigar ciertas tensiones en las relaciones entre Kyiv y Washington. En los últimos meses, la Casa Blanca ha manifestado preocupación por la prolongación del conflicto. Desde la perspectiva estadounidense, establecer una pausa temporal en las hostilidades podría generar condiciones más favorables para una eventual resolución política. Sin embargo, Kyiv no cuenta con garantías de que dicha tregua resulte en una paz sostenible, en lugar de ser utilizada como una oportunidad estratégica por parte de su adversario.

Como miembros de Eurodefense Joven España (EDJE), contribuimos a la Red Eurodefense con artículos de interés para los jóvenes. EDJE es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es reforzar la cultura de seguridad y defensa entre los jóvenes europeos.

Desde el ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania hace dos años, la Unión Europea ha reanudado el refuerzo de sus capacidades de defensa y su cooperación. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, presentó a la UE la Brújula Estratégica de Seguridad y Defensa, destinada a proteger a sus ciudadanos, valores e intereses, contribuyendo al mismo tiempo a la paz y la seguridad internacionales. Este año, Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, también anunció planes para introducir una estrategia para la industria de defensa europea, diseñada para reforzar la producción militar y el suministro de armas. Este debate se intensificó tras los comentarios de Donald Trump, que sugirió que EE.UU. podría ignorar la cláusula de defensa colectiva del artículo 5 de la OTAN. El actual presidente de la CE aboga por una Estrategia Industrial de Defensa Europea más autónoma y autosuficiente.

Un análisis del último Eurobarómetro, realizado de cara a las elecciones europeas previstas del 6 al 9 de junio de 2024, revela que los ciudadanos europeos sitúan la defensa y la seguridad de la UE como la tercera preocupación más importante. Esta cuestión ha ganado protagonismo a lo largo de la legislatura, sobre todo teniendo en cuenta la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Además, cuando se les pregunta por el papel de la UE en el mundo, los ciudadanos europeos identifican la defensa y la seguridad (37%) como la principal prioridad para reforzar la posición global de la UE, seguida de las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria/agricultura (ambas con un 30%). Mientras que cuatro de cada diez ciudadanos creen que el papel de la UE se ha vuelto más importante en los últimos años, el 35% piensa que se ha mantenido igual y el 22% cree que ha disminuido (Unión Europea, 2024).

Tras el último Eurobarómetro, los líderes de la UE han esbozado su plan en un borrador de 27 páginas de una Estrategia Europea de la Industria de Defensa. Aunque el gasto en defensa de la UE alcanzó la cifra récord de 270.000 millones de euros (295.000 millones de dólares) en 2023, persisten importantes carencias de capacidades. Los economistas y planificadores de defensa abogan desde hace tiempo por una mayor cooperación entre los gobiernos europeos y las empresas de defensa. En teoría, dicha cooperación podría reportar beneficios económicos, como la reducción de la duplicación de equipos, el aumento de la producción y la reducción de costes. Sin embargo, en la práctica, los intereses nacionales y el proteccionismo, unidos a las ineficiencias operativas y burocráticas, han impedido históricamente una colaboración eficaz. Entre 2021 y 2022, solo el 18% de la inversión total en equipos en Europa fue colaborativa. Los tratados de la UE impiden el uso de sus fondos para gastos militares. Sin embargo, las industrias de defensa europeas son competencia de la Comisión Europea. No obstante, la OTAN sigue siendo el principal pilar y fundamento de la seguridad de las democracias occidentales. El objetivo es reorganizar el programa industrial de todo el sector.

Europa se encuentra en un punto de inflexión en el que deben tomarse decisiones difíciles. La guerra ha vuelto a Europa y la Unión Europea ya no puede contar con la protección de Estados Unidos debido a las incertidumbres en torno a las políticas del presidente Trump. La UE no puede decir que le haya pillado desprevenida. Donald Trump fue presidente de 2017 a 2020 y presionó fuertemente a los aliados para que aumentaran su gasto. La victoria de Joe Biden fue un alivio y las peticiones de Emmanuel Macron de autonomía estratégica de la UE y el fin de la dependencia de Estados Unidos fueron ignoradas. Josep Borrell también intentó advertirles, pero nadie quiso escuchar al Alto Representante, desoído por algunos líderes conservadores. «La Unión Europea sigue siendo una asociación de Estados. Cada uno mantiene su propia política exterior y de defensa. «Está mal preparada para hacer la guerra, porque cuando tuvo que elegir entre la mantequilla y el cañón, eligió la mantequilla y se embarcó en un proceso de desarme silencioso, reduciendo lentamente sus capacidades militares», nos dijo en 2022 (Cadena SER, 2025).

Con el regreso de Trump, Europa se enfrenta a una incertidumbre renovada. Se han dado cuenta de que van a tener que gastar mucho más en defensa y depender menos del apoyo militar estadounidense. No es ninguna sorpresa. Trump ha advertido de sus intenciones. Pero las exigencias de Trump suponen un reto importante: que dediquen el 5% de su PIB a su gasto militar, que sustituyan a las fuerzas estadounidenses que se marchan para volver a Estados Unidos y que presten apoyo a Ucrania por su cuenta. El nuevo Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, fue tajante ayer en su primer discurso ante sus homólogos de la OTAN: «Estados Unidos sigue comprometido con la Alianza y con la asociación de defensa con Europa, pero ya no toleraremos una relación desequilibrada que fomente la dependencia», les dijo durante su discurso en la inauguración de una reunión del grupo de contacto para el apoyo militar a Ucrania (Capaccio, 2025). En resumen: Europa debe emanciparse y dotarse de los medios necesarios para garantizar la defensa del continente. «El 2% del PIB para defensa no es suficiente. El presidente Donald Trump ha pedido el 5% y yo apoyo esa petición». De lo contrario, el paraguas estadounidense podría retirarse en el futuro.

La Unión Europea debe tomar conciencia de la nueva realidad geopolítica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo abandona Europa y Ucrania, sino que revela un giro estratégico: el de un «imperialista» al que la UE puede hacer frente si permanece «unida» y tiene «voluntad política» de influir. Es la advertencia lanzada por el ex Alto Representante, Josep Borrell, tras la decisión de Trump de iniciar negociaciones inmediatas con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra, ignorando a los europeos y a los ucranianos. «Un día, Estados Unidos abandonará el Viejo Continente. La profecía del general De Gaulle se está cumpliendo», declara Borrell en una entrevista RTVE (RTVE Play, 2025). El español no oculta su preocupación por «un momento de ruptura, un cambio de época». ¿Debe Europa resignarse? Creemos que los europeos podrían hacer frente a esta actitud imperialista aplicando con asertividad su política exterior. «Tenemos muchos medios y actores en Bruselas para hacerlo. Estamos en medio de una política exterior y de seguridad común, y ése es el papel del Presidente del Consejo», recuerda. «La Unión Europea debe intervenir, y estoy seguro de que lo hará. Su gran fuerza es su unidad. Debemos trabajar por esta unidad. Porque si 2 o 3 Estados miembros apoyan la posición de Trump, la UE dejará de ser una unión», advierte Borrell (RTVE Play, 2025).