Corrupción en los puertos africanos: el caso Bolloré

La explotación de África está claramente encabezada por las compañías dedicadas a la extracción minera y al comercio de diamantes. No obstante, el paso del tiempo y la mejora progresiva de las condiciones económicas locales ha delegado la dominación del sector a quienes lideran la distribución, la logística y las telecomunicaciones. Este es el caso de un grupo industrial francés, que comenzó con una fábrica de papel y que hoy se ha consolidado como una de las grandes potencias internacionales: el conglomerado de la familia Bolloré.
Entre 1986 y 2023, el grupo Bolloré consolidó una presencia destacada en el sector del transporte y de la logística en África. Sin embargo, los inicios de la empresa se remontan al colonialismo francés en África. En 1927 el grupo comienza su historia de presencia en el continente africano con la toma de control del puerto de Dakar por parte de la SCAC/SOCOPAO. Este puerto senegalés se convierte en el punto de tránsito de cacao, de café y de caucho producidos en las colonias africanas por los colonos occidentales. En 1986, Bolloré adquiere nuevamente las sociedades coloniales SCAC/SOCOPAO a la Compañía financiera de Suez, marcando el comienzo de su carrera africana.
El grupo justifica sus adquisiciones en la estabilidad de sus acciones, así como en el dominio de las tecnologías, lo que le permite realizar inversiones a largo plazo. No obstante, hay un factor más con el que Bolloré ha logrado expandir su influencia en África. En el 2000 contratan a Michel Roussin, un veterano de las redes francoafricanas, para facilitar sus contactos con líderes africanos. Desde 2004-2005, la empresa gestiona puertos clave en Abidjan (Costa de Marfil) y Douala (Senegal), y para 2018 controlaba 18 puertos, tres compañías ferroviarias (Sitarail, Camrail y Benirail) y a través de la sociedad Socfinal, gestiona y explota grandes plantaciones de aceite de palma y hevea (187.000 hectáreas) en Costa de Marfil, en Liberia, en la República Democrática del Congo, en Nigeria, en Kenia y en Camerún (Luceño, 2018).
Asimismo, Bolloré Energy, con una plantilla de 1.000 empleados, es el principal proveedor de gasóleo para calefacción en Francia. La empresa se dedica al transporte y al almacenamiento a granel de productos petrolíferos. Además, está involucrada en el diseño, financiamiento, construcción y gestión de hoteles en África Occidental y Central (IBI World España, 2023). No obstante, en 2013 se abrió una investigación judicial contra los directivos del grupo Bolloré, siendo sospechosos de haber financiado la reelección del presidente de Togo, Faure Gnassingbé, a través de Havas, una filial del grupo que supuestamente subfacturaba sus servicios.
En contraparte, el presidente togolés habría permitido que Vincent Bolloré (presidente en ese momento de Bolloré) recuperara la concesión del puerto de Lomé por 35 años, el único puerto de aguas profundas en la costa occidental de África. Asimismo, se investigó la implicación de Havas en la campaña de Alpha Condé en Guinea a cambio de contratos, a favor de Bolloré Group, para la gestión de los puertos de Conakri (Ipmark, 2018). Con
toda la evidencia, y pese a que las investigaciones respaldan que el grupo Bolloré utilizó prácticas corruptas para asegurar sus concesiones portuarias en África, las acusaciones de corrupción fueron finalmente desestimadas en su mayoría. Tras la investigación y la imputación de Vincent Bolloré por corrupción por parte de la Justicia Francesa, el 1 de enero de 2020 el grupo francés dejó de administrar el puerto de Doula, en Camerún.
En 2024 se culmina la compra donde el Grupo CMA CGM ha adquirido 100% de Bolloré Logistics a CMA CGM por un valor de 4.850 millones de euros (Digital, 2024). Tras esta venta de sus activos portuarios africanos a MSC, el Grupo Bolloré afronta una ola de protestas y acusaciones de corrupción en varios países de África. Pese a la admisión de culpa de Vincent Bolloré y el pago de 12 millones de euros en 2021 al tesoro togolés, el caso sigue abierto donde oenegés señalan el uso de la “justicia negociada”. Esto quiere decir, que se evita los juicios públicos y se favorece a las grandes corporaciones. En Costa de Marfil, la venta de los estados portuarios de Bolloré se realizó sin la autorización del gobierno marfileño, quien había invertido más de 1.500 millones de euros en el puerto 28 de Abiyán, generando tensiones políticas.
Por otro lado, en Camerún, el grupo también se enfrenta a investigaciones sobre la concesión del puerto de Kribi y 2020 se abrió una investigación bajo sospecha de fraude en el proceso de adjudicación. En Benín, la situación empeoró cuando en 2021, diez personas, incluidos directivos de Bolloré Africa Logistics, fueron arrestadas tras encontrar 145 kilos de cocaína en el puerto de Cotonú a raíz de una operación antidroga ordenada por el presidente Patrice Talon. Finalmente, el grupo Bolloré también enfrenta acusaciones de malversación de fondos en Camerún a través de su filial Douala International Terminal, en colaboración con el presidente Paul Biya y su esposa, Chantal Biya. A través de su control casi total sobre el transporte ferroviario, puertos y oleoductos, el grupo tiene una gran influencia en la economía y política del país (IBI World España, 2023b).