Archivo: mayo 28, 2025

La explotación de África está claramente encabezada por las compañías dedicadas a la extracción minera y al comercio de diamantes. No obstante, el paso del tiempo y la mejora progresiva de las condiciones económicas locales ha delegado la dominación del sector a quienes lideran la distribución, la logística y las telecomunicaciones. Este es el caso de un grupo industrial francés, que comenzó con una fábrica de papel y que hoy se ha consolidado como una de las grandes potencias internacionales: el conglomerado de la familia Bolloré.
Entre 1986 y 2023, el grupo Bolloré consolidó una presencia destacada en el sector del transporte y de la logística en África. Sin embargo, los inicios de la empresa se remontan al colonialismo francés en África. En 1927 el grupo comienza su historia de presencia en el continente africano con la toma de control del puerto de Dakar por parte de la SCAC/SOCOPAO. Este puerto senegalés se convierte en el punto de tránsito de cacao, de café y de caucho producidos en las colonias africanas por los colonos occidentales. En 1986, Bolloré adquiere nuevamente las sociedades coloniales SCAC/SOCOPAO a la Compañía financiera de Suez, marcando el comienzo de su carrera africana.
El grupo justifica sus adquisiciones en la estabilidad de sus acciones, así como en el dominio de las tecnologías, lo que le permite realizar inversiones a largo plazo. No obstante, hay un factor más con el que Bolloré ha logrado expandir su influencia en África. En el 2000 contratan a Michel Roussin, un veterano de las redes francoafricanas, para facilitar sus contactos con líderes africanos. Desde 2004-2005, la empresa gestiona puertos clave en Abidjan (Costa de Marfil) y Douala (Senegal), y para 2018 controlaba 18 puertos, tres compañías ferroviarias (Sitarail, Camrail y Benirail) y a través de la sociedad Socfinal, gestiona y explota grandes plantaciones de aceite de palma y hevea (187.000 hectáreas) en Costa de Marfil, en Liberia, en la República Democrática del Congo, en Nigeria, en Kenia y en Camerún (Luceño, 2018).
Asimismo, Bolloré Energy, con una plantilla de 1.000 empleados, es el principal proveedor de gasóleo para calefacción en Francia. La empresa se dedica al transporte y al almacenamiento a granel de productos petrolíferos. Además, está involucrada en el diseño, financiamiento, construcción y gestión de hoteles en África Occidental y Central (IBI World España, 2023). No obstante, en 2013 se abrió una investigación judicial contra los directivos del grupo Bolloré, siendo sospechosos de haber financiado la reelección del presidente de Togo, Faure Gnassingbé, a través de Havas, una filial del grupo que supuestamente subfacturaba sus servicios.
En contraparte, el presidente togolés habría permitido que Vincent Bolloré (presidente en ese momento de Bolloré) recuperara la concesión del puerto de Lomé por 35 años, el único puerto de aguas profundas en la costa occidental de África. Asimismo, se investigó la implicación de Havas en la campaña de Alpha Condé en Guinea a cambio de contratos, a favor de Bolloré Group, para la gestión de los puertos de Conakri (Ipmark, 2018). Con
toda la evidencia, y pese a que las investigaciones respaldan que el grupo Bolloré utilizó prácticas corruptas para asegurar sus concesiones portuarias en África, las acusaciones de corrupción fueron finalmente desestimadas en su mayoría. Tras la investigación y la imputación de Vincent Bolloré por corrupción por parte de la Justicia Francesa, el 1 de enero de 2020 el grupo francés dejó de administrar el puerto de Doula, en Camerún.
En 2024 se culmina la compra donde el Grupo CMA CGM ha adquirido 100% de Bolloré Logistics a CMA CGM por un valor de 4.850 millones de euros (Digital, 2024). Tras esta venta de sus activos portuarios africanos a MSC, el Grupo Bolloré afronta una ola de protestas y acusaciones de corrupción en varios países de África. Pese a la admisión de culpa de Vincent Bolloré y el pago de 12 millones de euros en 2021 al tesoro togolés, el caso sigue abierto donde oenegés señalan el uso de la “justicia negociada”. Esto quiere decir, que se evita los juicios públicos y se favorece a las grandes corporaciones. En Costa de Marfil, la venta de los estados portuarios de Bolloré se realizó sin la autorización del gobierno marfileño, quien había invertido más de 1.500 millones de euros en el puerto 28 de Abiyán, generando tensiones políticas.
Por otro lado, en Camerún, el grupo también se enfrenta a investigaciones sobre la concesión del puerto de Kribi y 2020 se abrió una investigación bajo sospecha de fraude en el proceso de adjudicación. En Benín, la situación empeoró cuando en 2021, diez personas, incluidos directivos de Bolloré Africa Logistics, fueron arrestadas tras encontrar 145 kilos de cocaína en el puerto de Cotonú a raíz de una operación antidroga ordenada por el presidente Patrice Talon. Finalmente, el grupo Bolloré también enfrenta acusaciones de malversación de fondos en Camerún a través de su filial Douala International Terminal, en colaboración con el presidente Paul Biya y su esposa, Chantal Biya. A través de su control casi total sobre el transporte ferroviario, puertos y oleoductos, el grupo tiene una gran influencia en la economía y política del país (IBI World España, 2023b).

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Ahora imaginemos escalar todo esto más allá del entorno personal y trasladarlo al mundo de la empresa privada o a las administraciones públicas. La cantidad de información que gestionan estas últimas es enorme, y resulta esencial para el mantenimiento de un sinfín de servicios públicos dirigidos al ciudadano, muchos de ellos críticos. Hablamos de hospitales y servicios de emergencia, redes de transporte público que podrían colapsar si sus sistemas de control se interrumpen, el suministro de agua, electricidad y gas —esenciales para hogares y ciudades—, sistemas bancarios y de pago electrónico sin los cuales la economía se paralizaría, así como infraestructuras educativas y gubernamentales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el propio individuo hasta la administración más grande, todos deben estar protegidos. Y es aquí donde entra en juego un término que últimamente está en boca de todos: la ciberseguridad.

¿Qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante?

La ciberseguridad es, en esencia, la defensa del mundo digital. No se trata únicamente de proteger a empresas o gobiernos, sino también de salvaguardar la vida digital —y en algunos casos, la vida real— de las personas. Desde una simple cuenta en una red social hasta sistemas sanitarios complejos, todo puede ser objetivo de ciberataques. El impacto es real y tangible: puede costar vidas de forma directa. Imaginemos, por ejemplo, las consecuencias de un ciberataque durante una operación quirúrgica asistida por sistemas digitales. En los últimos años, los ciberataques se han consolidado como herramientas de presión política, espionaje y sabotaje. En este contexto, ha surgido el concepto de “guerra híbrida”, que hace referencia a conflictos en los que las armas digitales desempeñan un papel tan relevante —o incluso más— que las armas convencionales. 

Ciberseguridad, geopolítica y alianzas

Vivimos tiempos convulsos en el panorama internacional desde la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto de guerra híbrida, se han registrado múltiples ciberataques masivos y significativos. 

Uno de los primeros ocurrió incluso antes del inicio del conflicto armado, con el uso de WhisperGate, un malware destructivo que, en enero de 2022, afectó a organismos gubernamentales y ONG ucranianas. Aunque simulaba ser un ransomware, su verdadero propósito era la destrucción irreversible de datos. Otro ataque relevante fue dirigido contra la red satelital KA-SAT de la empresa Viasat, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones digitales en los momentos previos a la invasión. Estos son solo algunos ejemplos de la dimensión cibernética de esta guerra.

Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha recibido el respaldo político, económico y militar de sus aliados occidentales. Por un lado, de la OTAN, que, si bien no incluye formalmente a Ucrania, la reconoce como un socio prioritario; y por otro, de la Unión Europea. Esta postura de respaldo ha convertido a los países occidentales en objetivos directos dentro de esta guerra híbrida. Estas naciones han sido blanco de una combinación de ciberataques y campañas de desinformación promovidas por Rusia y actores afines, con el objetivo de debilitar el frente occidental sin necesidad de recurrir a una confrontación militar directa. Entre sus objetivos se encuentra España, dado su papel dentro de ambas organizaciones. 

Respaldar a Ucrania ya no significa únicamente ofrecer apoyo diplomático o militar, sino también resistir en el ciberespacio. Grupos prorrusos como NoName057(16) o Z-Pentest han lanzado numerosos ciberataques contra instituciones públicas y privadas en países europeos y miembros de la OTAN, como forma de represalia por el apoyo prestado a Kiev.

España en el punto de mira

España se ha convertido en objetivo de numerosos ciberataques, muchos de los cuales están directamente vinculados a su apoyo a Ucrania. Estos ataques han afectado a múltiples instituciones públicas, evidenciando la vulnerabilidad del país ante este tipo de amenazas.

Según datos del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en 2023 las administraciones públicas españolas sufrieron más de 107.000 ciberataques, una cifra que no solo se mantuvo, sino que mostró una clara tendencia al alza. En los dos primeros meses de 2024 ya se habían registrado 25.000 incidentes, lo que representa un incremento de más del 190% respecto al mismo período del año anterior. Durante 2024 y principios de 2025, los principales objetivos de estos ataques han seguido siendo los ayuntamientos, considerados eslabones especialmente vulnerables debido a sus limitados recursos técnicos y humanos. Muchos de estos ataques han implicado el secuestro de sistemas, la filtración de datos confidenciales y la interrupción de servicios esenciales para el ciudadano.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, se han producido diversos ataques dirigidos a administraciones locales, como las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, así como al Ayuntamiento de Mérida, que fueron objetivo de ciberataques perpetrados por el grupo prorruso NoName057(16). Estos ataques se enmarcan dentro de la campaña denominada “OpSpain”, una ofensiva coordinada impulsada principalmente por grupos de hackers prorrusos como NoName057(16) y Z-Pentest, en represalia por el respaldo del Gobierno de España a Ucrania.

Cabe destacar que NoName057(16) también llevó a cabo ataques contra la página web del Ministerio del Interior durante las anteriores elecciones generales del pasado año 2023. Además, este grupo también ha dirigido sus acciones contra empresas provenientes del sector privado y de la defensa, como el ciberataque a la matriz de Santa Bárbara Sistemas, responsable del montaje de los tanques Leopard en España.

No podemos pasar por alto la actividad del grupo Z-Pentest, que ha llevado a cabo ataques dirigidos contra instituciones de alto perfil como la Casa Real y diversos ministerios, entre ellos los de Interior y Justicia.

Todo esto constituye una muestra representativa de lo expuestos que estamos y pone de relieve la importancia de estar concienciados y formados en ciberseguridad, desde el ámbito individual hasta la empresa privada y la propia administración pública.

Un gran desafío 

La ciberseguridad no es únicamente una cuestión técnica ni algo que compete solo a quienes se encuentran detrás de un ordenador. Se trata de un reto político, ético y social, que nos interpela como colectivo. En el ciberespacio no solo está en juego la seguridad de los Estados, sino también algo igual de valioso: la confianza de la ciudadanía en el mundo digital.